Siempre he pensado que la libertad en la enseñanza ha ido unida al grado de democratización de un país. A más democratización, más libertad educativa. Suena tan simple… pero, la verdad, es que es un tema muy controvertido.
A lo largo de la historia del mundo contemporáneo (por no decir moderno y postmoderno) los distintos estados han intentado controlar la educación de sus ciudadanos de una forma muy descarada utilizando dos medios fundamentalmente: la no inversión en educación y, por tanto, la creación de una sociedad cuasi-analfabeta y muy manejable; y la financiación de la educación creando una dependencia total del estado, lo cual suponía lo siguiente: el adoctrinamiento de la sociedad.
Conforme avanzan los logros democráticos y sociales del siglo XX, se reclama una enseñanza libre. Una libertad de pensamiento que contrastaba con los sistemas educativos de regímenes tan dispares como la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la URSS de Stalin, la España de Franco o la Cuba de Castro (por citar algunos). Uno de los pilares fundamentales de dichos regímenes fue el control total de la educación que abarcaba desde el control de los docentes, la elaboración de los contenidos hasta la censura sistemática de autores y manuales. En todos estos regímenes se incluían materias y asignaturas cuyos objetivos eran la formación de alumnos y alumnas según el modelo de ciudadano establecido por dichos regímenes.
Con la llegada de la democracia, también van llegando avances en materia de libertad educativa y de enseñanza con presupuestos tan importantes y reconocidos como la potestad de los padres en la educación y enseñanza de sus hijos, es decir, ya no es el Estado el que educa a mi hijo, sino que yo delego a otros la educación de mis hijos. Otro asunto es la elección del currículo por parte del estado, asunto que siempre ha ido acompañado del silencio tácito de padres y educadores.
Si analizamos nuestro “democrático” sistema educativo, regulado desde Mayo de 2006 por la LOE, podemos ver una regresión a etapas anteriores de las que ya he hablado, en la introducción de una asignatura nueva y obligatoria llamada “Educación para la Ciudadanía”, la cual ha sido rechazada por padres, docentes y alumnos. No obstante, el gobierno actual se ha empeñado de forma radical en su imposición en las aulas a pesar de la gran oposición de la práctica mayoría de la sociedad española. Y yo quiero lanzar una pregunta al aire: ¿quién debe elaborar las leyes educativas, el poder político o los que saben de educación?
Observemos los siguientes datos: En los últimos 30 años ha habido en España 5 leyes educativas y en los últimos 15 años, tres leyes (Logse, Loce y Loe) consecuencia: España está a la cola de Europa en la formación académica de sus alumnos.
Con estas palabras, reivindico el consenso político en materia educativa y la dirección de la elaboración de las leyes educativas de una forma efectiva, sin intereses políticos ni partidistas, como única solución al acuciante problema de la enseñanza en nuestro país, lo cual es harto difícil.
